Poderes fácticos

María Amparo Casar

La política es el espacio público por excelencia. No importa la definición que se adopte ni el ángulo desde el cual se analice, el referente siempre es “lo público”. La política como espacio público está sujeta a la colonización por parte de intereses privados, que ejercen una presión constante por verse beneficiados. La diferencia de calidad entre una democracia y otra es el grado en que esto ocurre. Una sociedad más democrática regula y resiste mejor la intervención de intereses privados y la existencia de privilegios en la esfera pública. Etimológicamente, privilegio quiere decir precisamente “ley privada”, y puede entenderse de dos maneras: como un derecho especial o inmunidad otorgada por la autoridad o como un poder especial que deriva de la posición económica, social o política.¹ Ambos tipos de privilegios determinan qué tan público es el espacio público o qué tan capturado está. En México están presentes, de manera muy extendida, los dos privilegios: permisos que otorga la ley a ciertos sectores y ventajas que derivan de la posición de poder.

 

os procesos de transición democrática aspiran a reducir los privilegios acumulados en periodos autoritarios y a disminuir el grado de influencia de políticos y grupos de interés. La transición mexicana no es la excepción. Tanto las reformas electorales como los programas de las fuerzas de oposición tuvieron entre sus objetivos democratizar la política, transformar no sólo la competencia electoral sino también el ejercicio del poder y la rendición de cuentas: devolverle al ciudadano capacidad de decisión sobre las políticas públicas.
 
La tesis que se propone en este ensayo es que la transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.²

Las transiciones políticas democráticas cambian el poder político de jure pero no necesariamente, o no en la misma proporción, el poder de facto.³ Las instituciones políticas pueden pasar de ser no democráticas a democráticas y cambiar la distribución del poder político de jure. Pero esto puede tener poco impacto en el ámbito del poder político de facto porque, ante ese cambio, las elites tienden a invertir más en su poder real mediante el cabildeo, el control del sistema de partidos, la corrupción, la intimidación o las amenazas y, finalmente, en el uso de la fuerza.

 

La política se trata, al fin de cuentas, de “a quién le toca qué”. Para saberlo hay dos caminos: o se evalúa la forma en que se toman las decisiones o se evalúa quién las tomó a partir de los resultados. El mejor camino es analizar qué le toca a cada quien para ver quién estuvo detrás de la decisión.⁴ Este ejercicio permite observar, valga la redundancia, el poder de los poderes fácticos, el grado en que estos poderes se han apoderado del espacio público.

Durante la transición mexicana a la democracia las instituciones políticas experimentaron una gran transformación. El espacio de la política es más público de lo que era en términos de representación. La transición amplió no sólo el número de partidos sino también el espectro ideológico de los mismos. Las sucesivas reformas políticas abolieron privilegios, en particular el privilegio de un solo partido a ocupar los puestos públicos, el del presidente a nombrar a su sucesor, el del partido del presidente a decidir las políticas públicas. El enriquecimiento del espacio público por la pluralización de las estructuras del poder federal, estatal y local es innegable. También lo es la expansión de los derechos, la creación de órganos desconcentrados y autónomos que protegen esos derechos, la mayor libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial. 

Todavía hay espacio para transformar los poderes formales pero no puede desconocerse que la distribución del poder político responde al principio democrático de un ciudadano un voto, que en la definición de las políticas públicas intervienen varias fuerzas políticas y que los límites al poder presidencial son efectivos.

¿Pueden constatarse cambios de la misma envergadura en los poderes fácticos o éstos han logrado mantener sus privilegios en el espacio público? La respuesta es que el espacio público en México sigue copado por el poder de grupos que sin ninguna investidura, representación o delegación democrática tienen poder de imponer o modificar decisiones que afectan el interés público.
 
Uno de los primeros análisis sobre estos poderes se encuentra en La democracia en México, de Pablo González Casanova,⁵ donde se presentaba ya una visión realista del poder, echando por tierra la idea de un poder presidencial ilimitado. González Casanova diferenciaba los poderes formales de los poderes reales y examinaba su peso en las decisiones gubernamentales. Describía, en particular, el poder de caciques locales, del ejército, del clero, de los latifundistas y de los empresarios nacionales y extranjeros. A ellos habría que agregar hoy, cuando menos, los grandes sindicatos, los monopolios públicos, los oligopolios, las empresas dominantes y, en el ámbito de la ilegalidad, el crimen organizado y el narcotráfico.

Los poderes reales, capaces de limitar la autonomía y, en casos extremos, la soberanía del Estado, comparten ciertas características.
 
Primero, no dependen de la voluntad de los ciudadanos ni de sus representantes, pero condicionan la representación.
 
Segundo, no son parte formal del proceso de toma de decisiones, pero tienen instrumentos para influir de manera desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes públicos, en particular al Ejecutivo y al Legislativo.
 
Tercero, no tienen representación formal en el Congreso o en el gobierno, pero pueden poner vetos a la acción pública.
 
Cuarto, crecen al amparo, con el beneplácito cuando no con el contubernio de las autoridades, pero las vuelven su rehén.
 
Quinto, derivan una “renta” extraordinaria de la que están excluidos otros actores.
 
Se afirma, con razón, que los poderes fácticos que hoy enfrentan con éxito al Estado no fueron “consecuencia de un sexenio permisivo o de un presidente débil.” Su constitución es el resultado “de un proceso complejo en el que se amalgamaron factores de índole económica, privilegios descomunales arrancados al poder político, eliminación sistemática de la competencia, ausencia de una sociedad civil crítica y organizada, temor de candidatos y funcionarios públicos y falta de claridad gubernamental en el ejercicio del poder”.⁶
 
La fuerza de estos poderes fácticos no es privativa de nuestro país, está presente en todas partes, por eso se habla de una clase dominante.⁷ Lo preocupante en México es el grado de influencia e impunidad que llegan a tener y las consecuencias para el desarrollo económico y político de la nación.⁸ No se trata única ni principalmente de la acumulación de riqueza en pocas manos sino de que la forma de reproducirla atenta en términos económicos contra la competitividad del país, los intereses de los consumidores y el bienestar de la población y, en términos políticos y legales, contra la igualdad, la transparencia y la democracia. 

La conquista del espacio público por la elite económica del país se puede documentar ampliamente. El supuesto liberalismo económico que priva en México tiene mucho por avanzar. Buena parte de los sectores clave para el desarrollo están al margen de la competencia. Disfrutan de una amplia concentración de mercado, de regímenes especiales, de tasas preferenciales o de regulaciones que permiten abusos contra el fisco o contra el consumidor. Además, ahí donde se han establecido órganos reguladores, éstos han sido muchas veces capturados. Todo eso por obra y gracia del propio Estado mexicano.⁹

n el primer caso, el de una alta concentración de mercado, se encuentran sectores como la televisión, la telefonía y el cemento. En el segundo, el de los regímenes especiales, está el sector de autotransportes y de transporte y carga. En el tercero, el de tasas preferenciales, está la agroindustria. Finalmente, entre las regulaciones abusivas están las que permiten la compra-venta de empresas a través del mercado bursátil que merma la capacidad de recaudación del Estado (City Bank-Banamex) o la subregulación que da a los dueños del sistema financiero altos márgenes de ganancia a través del cobro de muy altas comisiones a sus usuarios.

 

as consecuencias de mantener estos privilegios son múltiples. Las empresas de dominancia monopólica constituyen barreras al ingreso o a la expansión de competidores, lo cual se traduce en alzas de precios que afectan a la población y a otros empresarios que se ven en desventaja por pagar insumos por encima del que pagan sus socios comerciales.
 
El ejemplo de la telefonía es emblemático. Una sola compañía tiene el 91% de los 17 millones de hogares de la telefonía fija y el 72% de la móvil.

Los precios de este y otros insumos de uso generalizado (servicios bancarios y crédito, transporte de carga por carretera, transporte aéreo doméstico, cemento) han sido durante largos periodos sensiblemente mayores a los que registran países con los que México compite en el mercado internacional. Es cierto que a raíz de la devaluación recién ocurrida y que ya ronda el 50% —y siempre y cuando las tarifas no se incrementen— los precios de los insumos se volverán más competitivos. Pero el verdadero desarrollo de la economía debe fincarse en mantener o mejorar la competitividad sin devaluar. Por eso algunos economistas han insistido en que el tipo de cambio debe estar en un nivel que ofrezca la competitividad suficiente para crecer. Un tipo de cambio “fuerte” favorece el consumo y aumenta el poder de compra del salario pero dificulta el crecimiento.
 
En otros sectores hay datos igualmente alarmantes. Por ejemplo, el cemento gris y los servicios de internet costaban a los mexicanos más del doble que a los norteamericanos.
 
En el sector telecomunicaciones, la televisión tiene también una alta concentración de mercado. Aunque ésta no tiene necesariamente un impacto en el potencial de crecimiento de la economía, sí constituye otro caso de apropiación del espacio público en tanto sólo dos empresas concentran el poder para entretener, educar e informar a la población. Este poder se potencia cuando sabemos que en su mayoría (62%) la población se informa a través de la televisión y sólo un 10% reporta informarse a través de los periódicos. 

No se trata de que sean empresas privadas. Por diversos motivos, los monopolios públicos también han ofrecido insumos a precios más altos que los de otras economías similares o de nuestros socios comerciales. Por ejemplo, hasta antes de la devaluación las tarifas eléctricas que pagaban los mexicanos estaban muy por encima de las de su principal socio comercial.
 
Importar cemento, generar electricidad, buscar petróleo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de televisión o crear un banco competitivo (y no vinculado a otra megaempresa) es prácticamente imposible en México hoy.¹⁰ 

Otro ejemplo claro de cómo los poderes reales mantienen privilegios es el régimen fiscal. No es sólo que México siga siendo uno de los países con un menor nivel de recaudación. Es el hecho, como lo muestra el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de que la política fiscal en México no contribuye a aminorar la ya de por sí desigual distribución del ingreso Así, mientras que a través de la política fiscal los países miembros de la OCDE reducen en promedio la desigualdad en alrededor de 20 puntos —medida por el índice de Gini— México sólo la reduce en 1.6 puntos.¹¹ 

Los privilegios que describimos no se circunscriben a la esfera económica. Son característicos también de las viejas estructuras corporativas que fueron sostén del régimen priista.

 

Los grandes sindicatos públicos, por ejemplo, son una suerte de monopolios privados que no sólo acumulan riqueza sino que frenan el desarrollo democrático y económico del país y que constituyen un límite formidable a los poderes institucionales o, peor aún, que se alían a ellos para mantener el statu quo. Aquí también hay una gran variedad de situaciones pero todas ellas apuntan al mismo fenómeno: el de los privilegios. Privilegios políticos, económicos, contractuales, fiscales, de transparencia, salariales, laborales, legales.
 
Los grandes sindicatos de industria, especialmente los de las empresas paraestatales, se han convertido en un freno para el desarrollo del país. Los privilegios que mantienen se han convertido en un lastre para el mercado laboral.
 
El caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es ilustrativo de las consecuencias que tienen los privilegios sindicales sobre el bienestar de la población y sobre el futuro del mercado laboral. Aun cuando el sindicato magisterial no es el único responsable de la calidad educativa del país, los muy deficientes índices que México presenta en este sector no son ajenos a la presión que tradicionalmente el sindicato ha ejercido para impedir una reforma educativa de fondo.

Además, la gran mayoría de los sindicatos ha podido sustraerse al avance que se ha impuesto a las propias instituciones de gobierno: la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
 
Los monopolios públicos y privados, entre los cuales, hay que insistir, se cuentan los sindicatos, han hecho tanto o más daño que los pleitos y la falta de acuerdos entre la clase política, entre los partidos, entre los legisladores y entre el presidente y el Congreso. Son tan responsables como los partidos y legisladores de haber impedido el paso de las reformas estructurales, de las que tantas veces se dice depende el crecimiento del país. De ellos ha dependido también que no se avance más rápido en la competitividad, en el crecimiento, en el combate a la pobreza y en la distribución del ingreso.¹²   

Además de los monopolios, de los sectores empresariales beneficiados por regulaciones laxas o hechas a la medida y de sindicatos que han amasado privilegios, el espacio público también ha sido tomado por organizaciones clientelares y movimientos que comparten las mismas características con lo que en páginas anteriores se definió como poderes fácticos.
 
Se trata de organizaciones y movimientos que secuestran las calles, parques o edificios públicos afectando tanto derechos de terceros como el funcionamiento mismo de las instituciones, sin sufrir las consecuencias de actuar al margen de la ley.
 
Tal es el caso, por ejemplo, de los vendedores ambulantes que se han apropiado de importantes franjas de la vía pública o de los “franeleros” que han hecho suyas las banquetas de las principales ciudades. Lo mismo puede decirse de los movimientos sociales que toman plazas y arterias de la ciudad para impedir la puesta en marcha de políticas públicas con las que no están de acuerdo o de manifestantes que toman con lujo de violencia los recintos parlamentarios para obstaculizar o impedir el desempeño de sus labores.
 
Los recursos de los poderes fácticos son distintos según del sector de que se trate. Los grandes empresarios derivan su fuerza de su posición económica y tienen en sus manos los recursos de retener o trasladar la inversión y, en última instancia, de la fuga de capitales. Los sindicatos —o más precisamente las elites sindicales— hacen valer sus intereses no sólo a través de su poder financiero y su legítimo derecho a huelga sino también de la opacidad de sus finanzas y la secrecía de sus decisiones, la movilización del voto, la captura —o incluso creación— de partidos, y las marchas y manifestaciones que literalmente bloquean el espacio público.

Luchar por los intereses particulares, de grupo o de clase, es un recurso legítimo de toda democracia y como tal hay que defenderlo. Los derechos de las personas para asociarse, para expresarse y para defenderse contra actos de las autoridades o de decisiones que los afectan son consustanciales a la democracia y hay que respetarlos e incluso ampliarlos. Pero hacerlo en condiciones especiales o a partir de la acumulación de privilegios es contrario al principio de igualdad que también caracteriza a la democracia.
      
La democracia en México ha dado un salto gigantesco en las últimas dos décadas. Lo ha hecho, fundamentalmente, por la vía de las reformas electorales que al introducir condiciones equitativas para la competencia permitieron dar a las instituciones de representación popular la pluralidad propia de una sociedad heterogénea con proyectos alternativos de nación. Esto, a su vez, permitió que se hicieran realidad los principios de división de poderes y de pesos y contrapesos que definen a los sistemas presidenciales.
 
Pero las sucesivas reformas políticas han dejado prácticamente intactos a los poderes reales cuya regulación, hasta el momento, no es parte de la agenda pública. Es un tema que no está ni en la agenda gubernamental ni en la de las principales fuerzas políticas. Baste como botón de muestra lo sucedido con la llamada ley antimonopolios cuya aprobación se ha detenido gracias al cabildeo efectivo de los sectores empresariales que se verían afectados por ella. 
El signo partidario de los gobiernos no cambia sustancialmente la relación con los poderes reales. Basta señalar, que cada uno de los principales partidos sostiene una relación “especial”, basada en la falta de transparencia y la permanencia de privilegios, con algún sindicato grande. El PRI con el sindicato petrolero, el PAN con el de la educación y el PRD con el de los electricistas.

 

El proceso de democratización del país no quedará saldado si persisten los privilegios que, paradójicamente, a menudo están amparados por la ley, y muchas veces protegidos por los mismos poderes públicos. Para eliminar o al menos disminuir los privilegios hay dos vías. Una, reformas legales que pongan fin a concesiones, prerrogativas y ventajas que no tienen lugar en las sociedades democráticas y eficientes: leyes de competencia, reformas fiscales progresivas, leyes laborales modernas, ampliación de los sujetos obligados por la ley de transparencia e incluso ley de partidos. La otra vía es la de los acuerdos entre las elites política y económica en la dirección de un pacto por la productividad, la competitividad, la libertad y la equidad de los actores que concurren al espacio público. 

EL MITO DE LA POLÍTICA POR INTERNET

Jorge Buendía 

Martes, 4 de julio de 2009

> Embriagados por la victoria de Obama, y su innovador uso de internet, los políticos mexicanos abrazaron la idea de hacer campaña por internet. Infinidad de videos se distribuyeron a través de You Tube  con la esperanza de persuadir al electorado, en especial a los jóvenes. Quizá la encarnación más acabada de este mito es la afirmación de que la campaña por internet del PAN, especialmente los videos de su dirigente Germán Martínez, contribuyó a reducir la ventaja del PRI en las encuestas.

> La primera condición necesaria para que un mensaje tenga impacto es que alcance penetración. Esta quizá es la principal razón de la ineficacia de internet en la campaña de 2009. De acuerdo con cifras del INEGI (2008), sólo 22.3 millones de mexicanos tiene internet. Esto representa aproximadamente a 21% de la población nacional. Y de acuerdo con la encuesta nacional de salida de Buendía & Laredo (empresa que dirijo), sólo 29% del electorado mexicano usa internet. Dicho de otra forma, internet dista mucho de tener la penetración de la televisión o la radio.

> La eficacia de internet como medio de comunicación también está condicionada por otros factores. En primer lugar, el perfil de los usuarios. Según el INEGI, el uso de internet se concentra en los estratos de mayor educación. Así, 7 de cada 10 universitarios usa internet, mientras que sólo 1 de cada 10 personas con estudios de primaria lo hace. El problema en términos de comunicación política es que las personas con mayores estudios son las más críticas de los partidos, por lo que “resisten” con mayor vigor todo esfuerzo de persuasión. Un problema adicional para los partidos y sus estrategias de internet es que su uso se concentra en la población más joven que tiende a votar en menor proporción o, incluso, no tiene la edad para hacerlo.

> Durante la campaña se habló mucho de la “guerra sucia” en internet. Una de sus manifestaciones más claras son las cadenas de correos electrónicos que denigran a los candidatos. Los políticos no debieran preocuparse mucho por ellas: sólo 40% de los usuarios de internet, es decir, no más de 10% de la población (INEGI) usa correo electrónico. En términos generales, ni la penetración ni el perfil de los usuarios de internet son conducentes a que este medio tenga un fuerte impacto político.

> Pero también debemos tener presente las diferencias de internet con otros medios de comunicación. A diferencia de TV o radio, donde el individuo es un actor pasivo que “recibe” el mensaje de anunciantes o partidos, en internet el individuo tiene un papel más activo. La única forma de evadir un mensaje en TV es cambiar de canal (y a veces eso no es posible con la publicidad virtual), pero en internet son los individuos quienes “aceptan” de antemano la información. Alguien puede recibir cientos de e-mails, pero si no los abre no recibe el mensaje, alguien puede recibir links a videos de You Tube, pero si no los abre tampoco los ve, etcétera. En radio o televisión el margen de acción es más reducido. El término “exposición a medios” no es fortuito.

> Otra diferencia importante es la repetición. En internet difícilmente alguien verá un video en más de una ocasión o leerá más de una vez un mensaje en contra de un candidato. En radio y televisión, por el contrario, la repetición es fundamental para persuadir al elector. Sin repetición es difícil persuadir. En suma, las campañas políticas por internet tienen un impacto extremadamente reducido. Son noticia pero resultan irrelevantes. Por lo menos hasta ahora.

La reforma de medios que viene

Gabriel Sosa Plata 

El semanario, martes, 4 de agosto de 209

Un primer elemento a considerar es que el regreso del PRI a la Cámara de Diputados no augura el mejor escenario para una reforma estructural de la legislación del sector, con una visión democrática. Si no la hubo con el PAN, con el poder en las manos, mucho menos con el PRI. 
 
La relación corporativista, de prebendas, de canonjías, de apoyos mutuos, fue la columna vertebral del sistema político mexicano en la era del PRI y esto no cambió cuando el PAN ganó la presidencia e importantes espacios en el Congreso. Es más, durante el foxismo, particularmente las empresas de televisión, obtuvieron grandes beneficios con el refrendo de concesiones hasta el año 2021, la desaparición del tiempo fiscal del 12.5 por ciento que la radio y televisión debían pagar en especie al Estado, la modificación al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión para hacer más permisiva la transmisión de anuncios comerciales, entre otros beneficios. La afamada “ley Televisa” se creó, se apoyó, se protegió en el foxismo, con el apoyo de casi toda la clase política del antiguo régimen.
 
La llegada de Felipe Calderón a la presidencia en nada ha modificado esta correlación empresarios-gobierno heredada por el priismo, pese a las promesas de campaña del ahora titular del Poder Ejecutivo de fomentar la competencia y la pluralidad en los medios de comunicación, mediante la creación de más redes de televisión, el reconocimiento de los medios comunitarios y el fortalecimiento de los medios públicos. Las televisoras se sienten a gusto con el calderonismo. Si no hay tercera o más cadenas de televisión abierta, si Telmex no ha podido entrar al mercado de la televisión de paga, si Televisa ha podido crecer más en telecomunicaciones, si no tenemos una nueva ley luego de la sentencia de la Corte contra la “ley Televisa” es justo por la protección de gobierno y legisladores del PAN.
 
Si el PAN, pese a todo, nos dio esperanzas de cambio en materia de cambio estructural a la legislación de los medios, el regreso del PRI las sepulta nuevamente. El PRI no ha cambiado. Es el PRI de siempre, con los priistas o los hijos de los priistas de siempre. El caso del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es claro. Un político priista cuya candidatura a la presidencia en el 2012 se construye con el apoyo, principalmente, de Televisa. Jenaro Villamil ha documentado ampliamente esta historia con su libro “Quiero ser presidente: el reality show de Enrique Peña Nieto”. Y no hay indicios, ninguno, de que esta relación corporativista PRI-televisoras cambie. 
 
El panorama se agudiza con el crecimiento, también auspiciado por Televisa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que implicó, por lo hasta ahora divulgado públicamente, una negociación de apoyos mutuos: imagen en televisión por candidaturas. Por eso es que algunos de los próximos diputados plurinominales del “verde” representarán los intereses de Televisa y Televisión Azteca. A este grupo se le ha llamado la telebancada, cuya función principal será entorpecer cualquier reforma integral del sector y promover las modificaciones legales que convengan a sus verdaderos capitanes. Es más: con el propósito de regresar al PRI a la presidencia en el 2012, apoyado por el “verde”, no sería nada extraña una reedición de la “ley Televisa”.
 
La llegada estos diputados es uno de los pasos históricos más importantes que ha dado un grupo de interés empresarial para la toma, ahora formal, del poder político. Algunos de estos personajes y a los que habrá que hacer un riguroso seguimiento de su proceder en la 61 Legislatura son los siguientes: Lorena Córdova y su suplente Miguel Orozco Gómez; Rodrigo Perezalonso y suplente a Roberto García Requena; Mariana Ivette Ezeta Salcedo y su suplente, su hermano Carlos; Juan Gerardo Flores Ramírez y, claro, Ninfa Clara Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego. 
 
Otro elemento a considerar es que la integración de la Cámara de Senadores no ha cambiado. Ahí el PRI, como se sabe, requiere de alguna alianza con el PAN o con el PRD para aprobar una iniciativa. En el Senado está depositada la esperanza para impedir alguna regresión en el sistema jurídico de los medios y las telecomunicaciones que provengan de iniciativas aprobadas por los diputados. Más aún, su responsabilidad histórica es, pese a las dificultades, avanzar en las negociaciones para presentar una iniciativa integral, como la impulsada por el senador Carlos Sotelo, o bien en iniciativas parciales, con una visión plural, democrática y procompetitiva. Particularmente los senadores del PAN tienen dos caminos: continuar la política del foxismo y del calderonismo o bien romper la dependencia con las televisoras y asumir una visión de Estado en su proceder.
 
Encorralar a Javier Corral
 
El próximo 1 de septiembre inicia formalmente sus trabajos la 61 Legislatura, pero desde ahora hay negociaciones, acuerdos y presiones relacionados con el tema que nos ocupa. El PRI ya dijo que van por las presidencias de dos comisiones claves en esto: la de Comunicaciones y Transportes y la de Radio, Televisión y Cinematografía. Por supuesto que contarán con el apoyo del “verde” para lograr su objetivo. Al PAN, al PRD, al PT y Convergencia nos les queda otra que buscar los contrapesos en esas comisiones y tener una presencia y participación muy activa si no quieren que el PRI establezca los temas de agenda del sector.
 
Pero las presiones, como decíamos, están a la orden del día. Particularmente destaca el caso, una vez más, que vive el diputado federal electo, Javier Corral Jurado. El jueves 30 de julio, Felipe León comentaba en su espacio semanal del noticiario Pulso de Radio Educación los obstáculos, bloqueos y hasta fraudes que tuvo que sortear el ex senador para alcanzar la candidatura plurinominal en su partido. Y ahora, ya como próximo legislador, las embestidas continúan para descalificar el trabajo hasta ahora realizado por el destacado político de Chihuahua. 
 
En su columna de El Financiero, con información que sólo puede tener Televisa, Carlos Ramírez llega a una conclusión absurda e ingenua, alejada de todo trabajo serio de análisis: si Corral es crítico de las televisoras y promueve leyes que no les favorecen es porque le debe dinero a Televisa. Este adeudo proviene, como sabe, de la adquisición que el PAN de Chihuahua hizo de tiempos en el canal local de la televisora cuando Corral fue candidato a gobernador de su estado y que por artilugios legales promovidos por los abogados de Emilio Azcárraga se ha convertido en un mecanismo de presión en contra del también ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
 
Javier Corral ha comenzado a hacer las aclaraciones pertinentes y poner al descubierto a las plumas compradas por la televisora. Más allá de eso, el diputado federal electo cuenta con el enorme respaldo de numerosas asociaciones, intelectuales, académicos y un sin fin de simpatizantes en su incansable labor a favor de un marco jurídico de la radio, la televisión, el cine y las telecomunicaciones que considere los intereses de la sociedad y no sólo de un puñado de empresarios.(El Semanario Agencia,ESA).

OCDE reprueba a México en uso del tiempo en aulas

NURIT MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2009
NURIT.MARTINEZ@ELUNIVERSAL.COM.MX

Los maestros de secundarias en México dedican 57 de los 200 días de clases, es decir 345 horas al año, a resolver conflictos entre sus estudiantes, callarlos, disciplinarlos y poner orden para empezar la clase, así como en trámites burocráticos, con lo que nuestro país se ubica en el primer lugar de desaprovechamiento del tiempo escolar en un comparativo de 23 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A esta situación se suman carencias y “aspectos negativos” en el comportamiento de maestros. Los directores dicen que 70% de docentes llega tarde a la escuela y tienen un ausentismo promedio de 70% de profesores en los planteles.

Además, seis de cada 10 profesores mexicanos de secundaria revelaron que ellos o sus colegas tienen carencias en habilidades, lo que hace que esa falta de maestros calificados sea un factor que dificulta que México tenga educación de calidad.

Esa proporción es el doble de lo reportado por maestros de los países miembros de esa organización y es semejante a los datos de Estonia y Turquía.

Sin embargo, los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tienen más de dos veces el promedio de días para tomar cursos, conferencias, diplomados o talleres para su desarrollo profesional que los países de la evaluación, es decir 34 frente a 15 días en promedio.

También se presentan desigualdades internas: a los que tienen más formación les brindan mayores oportunidades.

Así, docentes que cuentan con maestría tienen el doble de días de formación que profesores sólo con la licenciatura, en tanto que “los maestros en los pueblos sólo toman ocho días menos que aquellos que viven en una pequeña comunidad o en una gran ciudad”.

Todos esos elementos hacen que el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, haya planteado que México al igual que otros 22 países puedan “realizar un cambio de rumbo hacia altos niveles universales… Tenemos una oportunidad única para enfrentar nuestros desafíos estructurales”.

Al dar a conocer el Estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) de la OCDE, Andreas Schleicher, jefe de la División de Indicadores y Análisis y creador del examen PISA, comentó que en la mayoría de países uno de cada cuatro maestros pierde por lo menos 30% de tiempo de clase por mal comportamiento de algún estudiante o debido a tareas administrativas, y algunos maestros pierden más de la mitad del tiempo.

En el caso de México se “tienen cerca de 155 horas de los estudiantes del tiempo de estudio anual de aprendizaje que se pierde por asuntos de indisciplina y tienen un adicional de 190 horas que pierden maestros por realizar trabajo de papeleo en lugar de estar enseñando”, dijo Schleicher.

En su intervención en la presentación del informe, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, indicó que se analizará el informe en las próximas semanas y que “sería precipitado hacer un juicio sobre las rodillas de cómo los resultados van a impactar la política pública”.

Dijo que el compromiso es mejorar la calidad del sistema educativo, “con transparencia y rendición de cuentas, convencidos de haber tomado el camino correcto para la transformación de la educación pública del país”.

UNAM: premios y taches

Guillermo Sheridan
UNAM: premios y taches
16 de junio de 2009

Trabajo para la UNAM desde hace 30 años y sus cifras me sobrecogen más cada vez: tiene 200 mil estudiantes de licenciatura y posgrado (y 100 mil de preparatoria) que buscan graduarse en 82 carreras, guiados por 35 mil académicos, con trámites que atarean a 27 mil empleados administrativos. Su tamaño, para decirlo en lenguaje unameño, es una de sus debilidades, no de sus fortalezas.

La fortaleza es difícil de apreciar: buena parte de la investigación científica y humanística del país se genera ahí. Varios cerebros relevantes para el mundo se formaron en la UNAM y/o ahí laboran. Es sede de muchos servicios de utilidad nacional. Propicia la movilidad y competencia internacional de muchos buenos estudiantes y académicos. El 0.25% de la producción científica mundial sale de la UNAM (según el ISI), a pesar de que en 2004 sólo el 0.4 del PIB se destinó a la investigación y la docencia (el promedio en la OCDE es 2.4).

Sus debilidades son, claro, más visibles. De sus 35 mil académicos, sólo 11 mil son de tiempo completo, en cambio lo son la totalidad de sus empleados administrativos. En 2008 había 167 mil estudiantes de licenciatura, pero en 2007 sólo se recibieron 15 mil; 107 mil preparatorianos, pero sólo egresaron 23 mil. Si graduarse de licenciatura indica eficiencia, quienes no lo logran malbaratan la quinta parte del presupuesto para docencia. El líder (aparentemente vitalicio) de su sindicato (STUNAM), político perredista, se ufana de su poder para ponerla en huelga en apoyo al camarada Napoleón, líder (aparentemente vitalicio) de los mineros. Un puñado de ideólogos terciarios administra brigadas de activistas capaces de cerrarla 10 meses. La UNAM debe estudiar el bolivarismo o a las FARC, pero no permitir que algunos les hospeden franquicias. Hace poco, 50 encapuchados se apoderaron de unas oficinas volando su puerta con explosivos: exigían que no se expulsara a 10 encapuchados que golpearon al director de una prepa (ni a ellos tampoco). La carrera académico/administrativa otorga salarios y prebendas más atractivos que la meramente académica y genera vicios de poder. La UNAM publica 1,500 títulos al año y decenas de revistas, pero no siempre son rigurosos sus comités editoriales…

El presupuesto para 2009 es de 24,337 millones. El gobierno aporta 21,700 millones. El 5% es para la gestión institucional. La extensión universitaria usa 2,121 millones: los 3 y medio millones de personas que consumen cultura ahí al año tendrían que pagar 500 pesos por asistencia para no costarle. Si el 86% es para salarios de académicos, cada estudiante cuesta 50 mil pesos anuales, que paga el erario. De acuerdo a sus estadísticas (www.estadistica.unam.mx) en 2007 el 15% de los estudiantes venían de familias con 10 salarios mínimos o más al mes. El 32% de ellas tiene cablevisión, 80% DVD, 66% computadora personal, 55% automóvil y 76% celular, servicios que nadie subsidia. Pero tocar el tema en la UNAM está prohibido.

La UNAM aumentaría su fortaleza si lograse prescindir de varios mitos. Tanto el que la quiere sede de la “liberación nacional” (Ortega y Gasset sabía de esto) como el que la caricaturiza como un desperdicio. Y más la aumentaría de sacudirse las rémoras políticas, tan útiles para pocos, tan costosas para el pueblo, tan disuasivas para un gobierno sin muchas luces. Es curioso: mientras se festeja otro premio internacional, en México discutimos cómo recuperar un auditorio que está en manos de okupas pro-EZLN hace diez años, donde se expenden diplomas al mérito contestatario.